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Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia. (M. Ghandi)

La utilización del discurso antimasónico como arma política durante el primer franquismo (1939-1945) - y IV

Conclusión del extracto del artículo publicado por Javier Domínguez Arribas en el volumen LXVI, nº 224, de la Revista Hispania (Revista Española de Historia). Ver artículo completo

© Javier Domínguez Arribas e HISPANIA.

Ley de represión de la Masonería y el Comunismo
El caso paradigmático tuvo por protagonista involuntario en 1941 a otro falangista. Salvador Merino era un «camisa vieja» con pasado izquierdista que durante la guerra civil había desempeñado el cargo de Jefe Provincial de FET en La Coruña, donde se había ganado fama de obrerista (y unos cuantos enemigos). En septiembre de 1939, fue nombrado Delegado Nacional de Sindicatos de FET y de las JONS, cargo desde el que pretendería crear un potente aparato sindical, relativamente autónomo respecto del Estado y capaz de encuadrar a las masas obreras. Meses más tarde se promulgó la Ley de Unidad Sindical (enero de 1940), dirigida a acabar con la autonomía que habían mantenido hasta la fecha las organizaciones católicas agrarias. Mientras tanto, otras medidas despertaron el recelo de los sectores empresariales o de los militares. Para limitar la capacidad de acción de Salvador y aliviar así estas tensiones, Serrano Súñer le propuso cambiar su cargo por el de Ministro de Trabajo, pero al líder sindical no le pareció suficiente. La ambición e iniciativa de éste se pusieron también de manifiesto en las conversaciones que mantuvo con los dirigentes nazis durante su viaje a Alemania en mayo de 1941, ocasión en la que, al parecer, se consideró la posibilidad de realizar un golpe de Estado contra Franco. Al mismo tiempo se desencadenaba en España una grave crisis política que tuvo como resultado la pérdida de poder de los falangistas más radicales en beneficio de aquéllos más sumisos al dictador, lo que debilitó considerablemente la posición del Delegado Nacional de Sindicatos.

En suma, Gerardo Salvador se había creado muchos enemigos en el seno de la coalición franquista, más por sus ambiciosas pretensiones totalitarias y por su inquietante «estilo falangista» de apariencia radical que por las realizaciones concretas de la Delegación Nacional de Sindicatos (DNS), de hecho bastante limitadas. Militares como Varela o Saliquet veían con inquietud la movilización de las masas obreras y una retórica que les recordaba demasiado a la de los «rojos»; la Iglesia temía la pérdida del control sobre las organizaciones agrarias; el mundo empresarial desconfiaba de los intentos por lograr una mayor influencia sindical en la actividad económica; y todo ello por no hablar de los tradicionalistas. Ni siquiera contaba Salvador con el apoyo unánime de los falangistas, y menos tras la crisis de mayo de 1941, ni tampoco con el de Serrano Súñer, muy debilitado desde ese momento y además receloso ante alguien tan ambicioso como él mismo.

Veamos ahora con detalle los pasos que siguieron los adversarios de Gerardo Salvador para deshacerse de él. De hecho, no necesitaron esperar las primeras medidas de éste al frente de la Delegación Nacional de Sindicatos para iniciar el proceso de acoso y derribo. El 11 de septiembre de 1939, sólo dos días después del nombramiento de Salvador, José Finat preguntaba a Marcelino de Ulibarri si en los archivos de Recuperación de Documentos existían antecedentes del nuevo Delegado Nacional de Sindicatos, pues —decía Finat— «según información que obra en mi poder en el año 1932, [sic] pertenecía a una Logia que funcionaba en la calle del Príncipe.» La respuesta de Ulibarri fue negativa: «Se ha hecho una revisión de los Boletines Oficiales del Gran Oriente Español desde el año 1914 en mi interés de darle a Vd. una información positivay nada hemos encontrado». Poco tiempo después, los esfuerzos del carlista Ulibarri por desentrañar el pasado masónico de un falangista radical como Salvador acabaron por dar fruto: el 5 de diciembre de 1939 comunicaba a Finat, ya Director General de Seguridad, que habían aparecido dos cartas de masones en las que era mencionado Salvador Merino, lo que confirmaba las sospechas existentes. La primera de esas cartas, fechada el 9 de marzo de 1934 y dirigida por un masón de Madrid a otro de Alicante, decía así:
Tengo el gusto de presentarle a nuestro H.·. [hermano] GERARDO SALVADOR MERINO, miembro de nuestra Resp.·. Log.·. «NOMOS» y además muy amigo mío, que va a esa Capital destinado al Instituto.
Como no conoce Alicante yo le ruego le atienda Vd. con su proverbial fraternidad y le presente a los HH.·. de ahí, aunque él, naturalmente, visitará las Log.
En la segunda carta, de 17 de abril de 1934, el destinatario de la primera —un tal Isidro Sánchez— confirmaba haber recibido «la visita del H.·. Gerardo Salvador Merino».

En diciembre de 1939, el Director General de Seguridad recibió copia de ambas cartas. Y debió de producirse entonces alguna fuga —quizá intencionada— acerca del contenido de las mismas, ya que poco después llegaron rumores sobre la pertenencia masónica de Salvador a un viejo amigo de su familia, Antonio de Correa Veglison, que era Comisario General de Información en el organismo dirigido por Finat. Correa advirtió al dirigente sindical de la existencia de tal rumor y, tras algunas averiguaciones, le informó a principios de marzo de 1940 sobre las cartas y su contenido. Enterado Salvador, Correa informó también a Serrano Súñer y, según el primero, ninguno de los tres concedió la menor importancia al asunto.

No sabemos si el rumor que afectaba a Salvador Merino franqueó los muros de la Dirección General de Seguridad o de otros órganos del poder. Es muy posible. En todo caso, uno de los principales perjudicados por las medidas de la Delegación Nacional de Sindicatos, el dirigente católico-agrario Antonio Monedero, afirmaba en un escrito dirigido en abril de 1940 a diversas personalidades políticas y religiosas que la campaña por el control de las agrupaciones católicas del campo era «completamente coincidente con las instrucciones de la masonería». Los planes del organismo dirigido por Salvador Merino eran así identificados con las consignas masónicas.

Los enemigos del líder sindical decidieron pasar a la acción en junio de 1941. Aunque la maniobra se llevaba preparando desde que Salvador había llegado a la Delegación Nacional de Sindicatos, su puesta en práctica se vio probablemente acelerada tras el viaje de éste a Alemania y la crisis de mayo de 1941, que le había privado de la mayoría de los apoyos que le restaban. Además, en el II Congreso Sindical de junio se había anunciado la integración en el entramado sindical de las cámaras de industria y comercio, una medida que no era sino la gota que colmaba el vaso de los intereses empresariales. Pocos días después de que terminara el citado congreso, el general Andrés Saliquet, en su calidad de Presidente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo, solicitaba a Recuperación de Documentos los antecedentes masónicos de Salvador. Saliquet llevó entonces la documentación que conocemos a Franco, para confirmar una acusación que ya le había planteado con anterioridad. El dictador mostró entonces las pruebas inculpatorias a sus ministros: «Ahora no se atreverá usted a defender a Gerardo Salvador», parece que le dijo a Arrese, Secretario General del Movimiento. También les pidió su opinión en Consejo de Ministros y, según Serrano Súñer, todos coincidieron en la necesidad del cese. Otra fuente próxima a Salvador sugiere que fue Arrese quien logró que Franco esperara la resolución de la Junta Política antes de tomar ninguna decisión. En cualquier caso, el 23 de julio de 1941 el Tribunal para la Represión de la Masonería abría un sumario contra el Delegado Nacional de Sindicatos. El momento elegido no parece ser casual, pues Gerardo Salvador se encontraba mientras tanto en Mallorca de viaje de novios e ignoraba lo que estaba ocurriendo. Prevenido por sus colaboradores, tuvo tiempo de llegar precipitadamente a la reunión de la Junta Política que debía decidir sobre su caso. El día 5 de agosto tuvo lugar una primera sesión en la que Salvador fue informado de la acusación que se le imputaba y de las pruebas que existían contra él. Al día siguiente, en una segunda sesión de la Junta, entregó a sus miembros un escrito de descargo que merece ser reseñado con detalle.

En él reconocía que en 1934 había llevado a Alicante la carta de presentación de un masón, pero negaba que su contenido pudiera ser el que conocemos, pues nunca había pertenecido a la masonería. Y si se diera valor a dicha carta (en el caso hipotético de que le calificara efectivamente de «hermano»), ello supondría sólo que se había descubierto «el procedimiento [...] para que cesen las personas cuya presencia en determinados cargos molesta o perjudica a conocidos y ciertos enemigos». En su defensa afirmaba además que en 1934 ya formaba parte de Falange y se oponía decididamente a la República y a la masonería. Según Salvador, todo era una maniobra urdida por los enemigos de su gestión al frente de la Delegación Nacional de Sindicatos. Señalaba en concreto al mundo de la gran empresa y no dudaba en implicar también al Intelligence Service y a los anglófilos españoles, deseosos de terminar con un decidido enemigo de los aliados. Irónicamente, Salvador Merino entraba en el juego de sus adversarios y les devolvía la acusación de que era objeto, sugiriendo que la masonería estaba implicada en el complot que se había tramado contra él y contra la Falange. En una ocasión afirmaba que si las endebles pruebas eran tenidas en cuenta,
en mano de los masones se encuentra entonces impunemente el instrumento a propósito y más adecuado para destruir totalmente la Falange y las bases mismas del Estado Español. Aún podría añadir que cada correo de Méjico o de París podría traer implícita una crisis de Gobierno. [...] Resultaría después de todo curioso que el Estado informado por la Falange haya creado una red para coger o inhabilitar a sus enemigos y sean los propios militantes de la Falange, ésta y el Estado los más perjudicados por esa red.
En otro orden de cosas, Salvador afirmaba en su alegato que la competencia para procesar a un miembro de la Junta Política como lo era él, poseedor por tanto de un fuero especial, correspondería en todo caso al Tribunal Supremo y no al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería. Finalmente, hacía unas observaciones que merecen ser reproducidas textualmente: «No os llaméis a engaño; lo que aquí se ventila no es un problema personal mío; ni tampoco un problema de depuración del mando político. Lo que aquí se ventila es nada menos que la existencia y la virtualidad política de la Falange.» No le faltaba razón, aunque la cuestión ya estaba solventada desde la crisis de mayo de 1941, momento en que la Falange había dejado de existir en tanto que organización autónoma con un proyecto político propio.

Según el informe de un colaborador de Salvador Merino, el alegato impresionó a la mayoría de los miembros de la Junta, si bien Esteban Bilbao se habría mostrado implacable «en sus diatribas» y Demetrio Carceller, «hostilmente reservado». Era de esperar, pues eran dos de los principales enemigos del Delegado Nacional de Sindicatos. En todo caso, la Junta Política tuvo en cuenta las observaciones de Salvador acerca de la incompetencia del Tribunal Especial para juzgarle y decidió remitir las diligencias al Tribunal Supremo, siempre según el citado colaborador. Arrese comunicó al afectado que la Junta «en ningún caso abandonaría a uno de sus más destacados miembros», por lo que se había decidido mantenerle en su cargo, aunque suspendido de sus funciones. Sin embargo, desde que el Tribunal Especial había solicitado el procesamiento de Salvador a finales de julio, los rumores sobre el masonismo de éste se habían disparado, y fueron en aumento durante el resto del verano, en particular entre sus adversarios políticos. Según Salvador, los propios miembros del Tribunal no habían sido ajenos a este hecho, pues habían revelado «con delectación evidente» secretos que conocían por su cargo. Ante un ambiente cada vez más enrarecido, a principios de septiembre Salvador pidió a Serrano Súñer que aceptara su dimisión. Según el informe de su colaborador, la campaña difamatoria había hecho que Salvador prefiriera renunciar a sus cargos y a la correspondiente condición de aforado para volver a la jurisdicción del Tribunal de la Masonería, con el objetivo de acelerar la resolución del asunto. En efecto, el cese de Salvador como Delegado Nacional de Sindicatos se produjo el 13 de septiembre de 1941.

Pocos días antes del cese, un colaborador de Salvador Merino —probablemente Germán Álvarez de Sotomayor, su lugarteniente en la Delegación Nacional de Sindicatos— redactó el informe ya citado. En él explicaba con detalle la totalidad del proceso y censuraba la inhibición de Serrano Súñer y de los mandos de Falange, que no habrían hecho nada por cortar la campaña de difamación contra Salvador. El informe consideraba responsables de la maniobra a los enemigos de la Falange, «con evidente apoyo de elementos al servicio de Inglaterra y también de algunos conocidos padres jesuitas», una alusión probablemente referida a Ángel Ayala. Pero, en realidad, el escrito señalaba principalmente a dos hombres. Uno era el carlista colaboracionista Julio Muñoz Aguilar, un enemigo personal —y político— de Salvador desde los tiempos en que éste había desempeñado la Jefatura Provincial de FET en La Coruña. Según el informe, el círculo de Muñoz Aguilar habría difundido bulos acerca del pasado masónico e izquierdista de Salvador, pero también sobre el de otros falangistas como Germán Álvarez de Sotomayor, Gonzalo Torrente Ballester y Jesús Suevos. El segundo responsable de la ofensiva habría sido Demetrio Carceller, Ministro de Industria y Comercio y claro representante de los intereses empresariales. Tras haber fracasado en su intento de someter al Delegado Nacional de Sindicatos mediante el ofrecimiento de un cargo, no ocultó su hostilidad hacia éste. Así, el informador sostiene que Carceller se «jacta públicamente de ser una de las personas que más han contribuido a que de Gerardo políticamente “no queden ya ni los rabos”». El escrito insinúa además que las pruebas contra Salvador podrían haber sido falsificadas por alguno de los servicios privados de información existentes en Madrid, y en particular por el «grupo de información anti-masónico», el cual mantendría contactos con Manuel de Castro Pena, antiguo secretario del Director General de Seguridad, y con el policía y propagandista anti-judeomasónico Mauricio Carlavilla.
Este grupo —sigue el informe— amañó en cierta ocasión determinadas pruebas masónicas en contra de algunos camaradas de la Dirección General de Seguridad que a lo que parece eran un estorbo para sus manejos, entre ellos el Capitán Coronado y el Capitán González de la Guardia Civil y otros más que al fin sucumbieron ante la campaña que contra ellos se lanzó y en la que ya intervino el General Saliquet.
El Gral. Andrés Saliquet, presidente del Tribunal de represión de la Masonería y el Comunismo
Además de este militar, también habrían recurrido a los servicios de estos grupos —y sobre todo del antimasónico— «un padre jesuita de Madrid», una teresiana que era profesora de Carmen Franco y organismos oficiales como la Dirección General de Seguridad o la Casa Militar de Franco. En suma, este revelador informe —que debe ser tomado con la necesaria cautela— sugiere que la fabricación y posterior utilización de falsos documentos masónicos no era ni mucho menos excepcional en la España del primer franquismo.

En octubre de 1941, Salvador Merino fue procesado por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo, una instancia de la que formaban parte el general Saliquet —como presidente— y Marcelino de Ulibarri, dos de los personajes que más habían hecho por lograr la caída del dirigente sindical. El 23 de octubre era condenado por el delito de masonería a «la pena de doce años y un día de reclusión menor y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua y separación definitiva de cualquier cargo». La sentencia tenía en cuenta la «anodina actuación masónica» del acusado, así como sus méritos militares, por lo que se sugería al Gobierno la conveniencia del indulto. Lo curioso es que, si bien las dos comprometedoras cartas tantas veces citadas influyeron en la condena, al parecer fue más concluyente un documento aparecido en el último momento. Dicho escrito, emitido por la Gran Logia Regional del Centro el 10 de abril de 1931, mencionaba que Gerardo Salvador Merino había sido propuesto para ser iniciado en la logia Nomos, lo que probaría que previamente había solicitado su ingreso en la misma. Salvador interpuso contra la sentencia un recurso que fue desestimado el 8 de noviembre por el Consejo de Ministros, aunque se le conmutaba la pena de reclusión menor —no la inhabilitación— por la de doce años de confinamiento.

No es imposible que Salvador hubiera mantenido contactos con la masonería a comienzos de los años treinta, pero no deja de ser una cuestión secundaria. El hecho indudable es que sus enemigos políticos —desde el general Saliquet a Carceller, pasando por los carlistas Muñoz Aguilar y Ulibarri— removieron cielo y tierra hasta encontrar las débiles pruebas que permitieron defenestrarle. Y es posible que su colaborador no se equivocara al sugerir que éstas podrían haber sido fabricadas. Acabamos de ver que el documento con más peso en la condena había aparecido en el último momento, lo que resulta un tanto sospechoso. Cabe preguntarse cuál era la necesidad de poner en marcha todo este proceso. ¿No habría sido mucho más sencillo lograr un simple cese? Quizá, pero los rumores primero y la acusación después tocaban una fibra sensible de Franco (su obsesión antimasónica), lo que hacía que las garantías del éxito final de la maniobra fueran así mayores. Además, el procedimiento seguido para deshacerse de Salvador permitía algo que su mera destitución habría hecho mucho más difícil de obtener: el descrédito de su labor en el organismo sindical y del equipo con que había contado. La maniobra constituía asimismo una advertencia para todo aquél que en el futuro tuviera veleidades de falangista radical.

La caída de Salvador Merino iba a tener consecuencias muy graves en la Delegación Nacional de Sindicatos. Ante el riesgo de que su lugarteniente, Álvarez de Sotomayor, pudiera seguir la obra de aquél, los enemigos políticos de ambos intentaron repetir la acusación que tan buen resultado había mostrado dar. En agosto de 1941, en medio de la maniobra contra Salvador, el general Saliquet solicitó a Recuperación de Documentos los antecedentes masónicos de Álvarez de Sotomayor, pero resultaron ser negativos. No fue necesario insistir en la búsqueda, pues éste organizó un conato de rebelión entre los dirigentes sindicales provinciales y acabó por ser detenido, inhabilitado y confinado, a causa de su indisciplina. El mismo día del cese de Salvador (13 de septiembre de 1941), Álvarez de Sotomayor era sustituido como Secretario Nacional de Sindicatos por Manuel Valdés Larrañaga, quien fue además investido de las funciones de Delegado Nacional interino. Valdés llevó a cabo una purga en el organismo sindical, destituyendo a numerosos colaboradores de Salvador; algunos fueron sancionados; y sobre otros pesó durante cierto tiempo la sospecha de que tuvieran vínculos con la masonería, sospecha que siempre podía ser utilizada en su contra. Durante el año 1942, el haber formado parte del equipo de Salvador era un poderoso argumento a la hora de solicitar los antecedentes masónicos que podían acabar con la carrera política —o profesional— de un falangista.

El escándalo protagonizado por Gerardo Salvador salpicó incluso a alguien tan influyente como Ramón Serrano Súñer, Presidente de la Junta Política y Ministro de Asuntos Exteriores. Al parecer, ni siquiera él escapó al rumor de que era o había sido masón. Eso es al menos lo que Valentín Galarza, Ministro de la Gobernación, comunicaba a Ulibarri en una nota confidencial de octubre de 1941, el mes en que Salvador fue juzgado y condenado. La nota decía así:
El comentario más extendido estos días es sobre la masonería, asegurándose que los alemanes han descubierto todo el fichero de las sectas españolas que dependían de Praga y que allí fué donde se encontró la de Gerardo Salvador Merino. Con este motivo se está extendiendo el rumor de que ha sido encontrada una ficha masónica de Don Ramón Serrano Súñer, haciéndose comentarios sangrientos. [...]
Se insiste en que el Sr. Serrano Súñer es el que defiende a Gerardo Salvador Merino, queriendo relacionar esto en que ambos pertenecen a la secta.
La transmisión de esta nota por parte de Galarza distaba de ser un hecho casual, pues el Ministro de la Gobernación era, además de un antifalangista notorio, un enemigo de Serrano. Contribuía así —sin duda de manera intencionada— a la difusión en medios oficiales de un rumor que quizá fuera muy minoritario en origen. No le faltaba parte de razón a Salvador Merino cuando, en su alegato dirigido a la Junta Política a principios de agosto de 1941, hacía una lúcida reflexión que me servirá para concluir el relato: «nadie, fijaos bien, nadie, ninguna jerarquía política por alta que sea, puede estar libre de que un buen día, en virtud de una acusación de masonería más o menos infundada, sea puesto en entredicho, difamado y procesado por un tribunal de justicia».

El discurso antimasónico imperante en la España del primer franquismo proporcionó a los distintos sectores del bando vencedor en la guerra civil un eficaz mecanismo de descrédito que podía ser empleado contra las facciones enemigas: la identificación de éstas con la masonería. Una modalidad importante en la utilización de este arma política fueron los falsos documentos masónicos, que ya habían mostrado en el pasado su capacidad para fascinar a los medios antiliberales. Hemos visto que los carlistas de Fal Conde se sirvieron de una de estas falsificaciones —el «Mensaje del Gran Oriente»— para atacar a los falangistas; los falangistas radicales emplearon otra —las «Máximas»— contra el conjunto de sus enemigos; los falangistas franquistas esgrimieron la llamada «Palabra Semestral» contra los monárquicos.

La acusación podía abarcar toda una gama de posibilidades: desde insinuaciones más o menos vagas sobre las supuestas relaciones del adversario político con la masonería hasta la idea de la infiltración de ésta en los organismos controlados por el oponente, pasando por la denuncia de la unidad de objetivos. En algunas ocasiones, la acusación era colectiva y difusa; en otras fue lanzada contra personalidades concretas de las familias políticas enemigas, como el falangista Gerardo Salvador Merino. En su caso, la denuncia dio el fruto deseado y tuvo como resultado final la neutralización política del dirigente sindical, tras un proceso meticuloso de acoso y derribo llevado a cabo por sus enemigos.

Y aunque fue un falangista la víctima más importante de este tipo de maniobras, los principales afectados quizá fueron los monárquicos, a causa del pasado más o menos liberal de muchos de ellos, combinado con la asimilación sistemática que en el franquismo se hacía entre liberalismo y masonería. Pero nadie estaba a salvo de ser puesto en entredicho, si bien los tradicionalistas y los políticos católicos gozaban de una cierta protección ante la acusación de masonismo, gracias a un fervor religioso que hacía que los supuestos vínculos con la «secta» fueran especialmente inverosímiles. Un cierto grado de verosimilitud era pues necesario.

En todos los casos, los responsables de la acusación concreta, de la falsificación atribuida a la masonería o de la simple difusión del rumor, recurrían de manera deliberada a un argumento que tenía probabilidades de hacer mella en Franco, dada su conocida obsesión antimasónica. Y Franco era, a fin de cuentas, el árbitro supremo que tenía la última palabra en la resolución de los enfrentamientos intestinos entre los componentes de la coalición autoritaria. Su decisión podía inclinar la balanza del poder en favor de una u otra facción. En estas circunstancias, el rendimiento político de la identificación del adversario con la masonería podía revelarse muy alto. Sin embargo, el mecanismo no estaba exento de riesgos. El caso de las «Máximas» nos ha mostrado que la acusación podía ser modificada y tomar, en cierto modo, vida propia, desviándose así de los cauces trazados por los iniciadores de la maniobra. En otras ocasiones el acusado podía devolver la imputación, convirtiéndose a su vez —o intentando convertirse— en acusador, como hemos visto en el caso de Salvador Merino. Todos podían acusar a todos, pues nadie estaba libre de sospecha.

Por otro lado, el marco autoritario del régimen no hacía posible el debate político ni por tanto la manifestación abierta de las tensiones entre las distintas facciones de la coalición franquista. La lucha fundamental por el reparto del poder a todos los niveles tuvo entonces que expresarse a menudo por medio de la proliferación de rumores, o bajo la forma de «conflictos simbólicos» que giraban en torno a las señas de identidad de cada facción. Otro posible medio de expresión de esas tensiones fue precisamente la identificación, velada o no, del adversario político con la masonería, ya fuera mediante la confección de comprometedores documentos masónicos o a través de acusaciones concretas. Todo esto no excluye que la sospecha generalizada de masonismo fuera al mismo tiempo un eficaz mecanismo utilizado desde el centro del poder franquista para controlar a la posible disidencia existente entre los grupos que componían el conglomerado autoritario. El caso protagonizado por Salvador Merino es, al menos en parte, una buena muestra de ello.

En el contexto del primer franquismo, el discurso antimasónico tuvo también otros usos. Tras haber sido utilizado como un arma política entre las diferentes facciones que integraban la coalición autoritaria y haber contribuido así al ahondamiento de las tensiones y de la división, otra modalidad del mismo discurso fue empleada para lograr exactamente lo contrario: unidad frente al enemigo común. El llamamiento a la unidad ya era una de las principales ideas subyacentes a las propias «Máximas», como respuesta a la supuesta consigna masónica de desunir a los vencedores de la guerra civil. Y habría muchos otros ejemplos, como la campaña de propaganda desarrollada desde finales de 1941 en favor de la unidad entre el Ejército y la Falange, en la que la invocación del común enemigo masónico jugó un papel de primer orden. El discurso antimasónico del régimen mostraría así, una vez más, otra de sus múltiples posibilidades.