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La única coyuntura estable es aquella en que todos los hombres son iguales ante la ley. (Aristóteles)

La publicación de la Ley de 1 de Marzo de 1940 sobre represión de la masonería y del comunismo y el discurso antimasónico en la prensa asturiana - II

Extracto del artículo publicado por Javier F. Granda en el volumen VII, nº 2, de la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña (REHMLAC), de la Universidad de Costa Rica.

© Javier F. Granda y REHMLAC.


Presos políticos en la Modelo de Barcelona

La creación del nuevo Estado no seguirá unos parámetros de justicia que propicie la integración de todos los españoles de uno y otro bando al final de la contienda, sino que se pondrá en marcha una persecución y represión hacia el vencido que seguirá identificándose con el enemigo y traidor a la Patria. Erice indica que frente “a las voces aisladas que pedían moderación, fue el desbordamiento represivo lo que acabó por imponerse como reflejo de un implacable deseo de venganza”.

Las primeras leyes que se ponen en marcha van a criminalizar todo aquello que al Régimen le resulta incómodo, estableciendo las medidas para combatir a un enemigo al que es preciso mantener bajo sospecha. De tal forma, se identificarán de diversas maneras los males de la Patria con la finalidad de extirparlos. Tusell afirma que “jamás un conflicto civil español había concluido con una tan generalizada persecución al vencido”. Stanley G. Payne asegura que “la total victoria de Franco dio el poder absoluto a una dictadura muy represiva y, durante muchos años, dispuesta a mantener la distinción entre vencedores y vencidos y a construir un régimen autoritario basado en una política económica muy controlada”.

Piñera Entrialgo, en el brevísimo capítulo que dedica a “Masones y comunistas” en su obra “Posguerra incivil. Vencidos y vencedores en Gijón entre 1937 y 1940” apunta que las nuevas autoridades surgidas tras la guerra civil “dictaron leyes represivas contra la masonería y el comunismo, considerando ambos como cosas similares.” El autor se caracteriza por un rastreo de las fuentes primarias en la ciudad de Gijón, aportando datos interesantes y curiosos sobre su historia local. En “Raros, disidentes y heterodoxos. Personajes de Xixón entre 1850 y 1950” menciona nuevamente cómo se conforma un blanco común hacia aquellos que resultan ser los enemigos de la Patria:
Tras el 21 de octubre de 1937, cuando acabó en Gijón la guerra civil al entrar en la ciudad las tropas de Franco, la táctica de los vencedores consistió en incluir a todos en un mismo saco. Los rojos del Frente Popular, los masones y los protestantes fueron para las nuevas autoridades lo mismo, exactamente lo mismo: unos vendepatrias y la causa de todas las desgracias; la maldad.

Es obligado prestar atención a la Ley de Prensa de 1938, la cual establece claramente cuál será la realidad que se impondrá en los controles de la información en el Estado español. Resulta obvio matizar, en este punto, lo que supone establecer el control sobre un medio que sirve para propagar el mensaje que llegará a los ciudadanos y que puede influir tanto como informar. Resulta fácilmente comprensible que se pudieran establecer unos mecanismos necesarios para que la información que conformará las ideas y la cultura popular y, sobre todo, la creación de la conciencia colectiva, como bien se aclara en el preámbulo citado, llegue depurada y sometida a un escrupuloso tratamiento.

Delgado Idarreta considera que la inspiración de la Ley ha de buscarse en la legislación de países amigos como “la Italia fascista, la Alemania nazi o el Portugal de Salazar”. Sevillano Calero considera que se inspira en gran medida en la legislación fascista en Italia, en particular en la Ley de 31 de diciembre de 1925, que creaba el albo professionale dei giornalisti.

En una entrevista a Serrano Suñer, titular del Ministerio del Interior y responsable de la autoría de la Ley, aparecida en El Correo Catalán de 19 de abril de 1966, éste indica que “la Ley del año 38 era una ley de guerra y para la posguerra. No aspiraba ciertamente a ser la ley eterna. Era una ley de circunstancias que, necesariamente, tenía que revisarse”. Sus declaraciones se hacen veintiocho años después de ser publicada y en el momento en que ve la luz una nueva ley: la 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta. Las motivaciones e intereses que se pueden apreciar en el preámbulo de la Ley Suñer, difieren bastante respecto de la visión que su responsable tiene de ella en el año 1966. A través de ella se pretende la colaboración, por vía legal, de los profesionales de la información con comentarios como la necesidad de “despertar en la Prensa la idea del servicio al Estado y de devolver a los hombres que de ella viven la dignidad material que merece quien a tal profesión dedica sus esfuerzos”, esperando de esos profesionales se constituyan en apóstoles del pensamiento, haciendo de ellos dignos trabajadores al servicio de España, redimiendo la profesión de la “servidumbre capitalista de las clientelas reaccionarias o marxistas” fomentando el distanciamiento del libertinaje democrático, combatiendo la difamación por parte de los poderes ocultos que estaban detrás de la destrucción de España.

La Ley que consta de veintitrés artículos, en su parte dispositiva establecía la regulación por parte del Estado del número y extensión de las publicaciones periódicas y la intervención en el personal directivo de cada una de ellas, la vigilancia y censura, ejerciendo las funciones necesarias a través de órganos centrales y provinciales. A estos fines se estipula la creación en todas las provincias de un Servicio de Prensa que dependerá del Servicio Nacional de Prensa.

Los directores de los periódicos serán responsables directos de cuanto se publica y su cargo será autorizado mediante aprobación ministerial. Se le otorga al Servicio Nacional de Prensa la facultad para castigar todo escrito que tienda “a mermar el prestigio de la Nación o del Régimen, entorpezca la labor de Gobierno en el Nuevo Estado o siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles”. Quedaban éstos obligados a “aceptar consignas caprichosas o incomprensibles, incluso para los más identificados con el régimen; al mismo tiempo se aplicó una férrea censura, cegándose toda fuente para el aprovisionamiento de noticias no controlada directamente por el Gobierno”.

Con un texto como el descrito, la “libertad” de prensa queda bajo el control directo del Estado que ha establecido los mecanismos de vigilancia y control precisos para manipular la información e influir sobre la opinión general. Los periodistas acataban las normas establecidas, sometidos a una secreta vigilancia, controlados y acosados por distintos poderes y jurisdicciones. Vega y Gordon refieren que “el Franquismo partió del principio de que el control de la prensa debía tener un carácter preventivo y adoctrinador, el Estado debía intervenir para preservar la salud moral de los españoles”. Se ejercía una censura previa a la publicación de la información y existía la obligación de incluir consignas y “otro tipo de informaciones oficiales provenientes del Ministerio de Gobernación o Interior, de Falange u otras instancias gubernamentales”.

El diario Voluntad (VLN) del día 26 de abril de 1938, publicará en sus páginas la Ley íntegra a página completa bajo un gran titular que refiere: “El Estatuto de Prensa del nuevo Estado Nacionalsindicalista redimirá al periodismo de la servidumbre capitalista”.

Es preciso atender a lo que un texto legal anterior a la LRMC, la Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas, establecía en el artículo 4º del capítulo II, por cuanto que se disponía que quedarían incursos en responsabilidad política y sujetos a las sanciones que se les impusieran en los procedimientos que contra ellos se siguiesen, las personas individuales que se hallasen comprendidas, entre otros, en el siguiente supuesto:
Pertenecer o haber pertenecido a la Masonería, con excepción solamente de los que hayan salido de la secta antes del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis por baja voluntaria por haber roto explícitamente con ella o por expulsión de la misma fundada en haber actuado en contra de los principios en que se inspira o de los fines que persigue.

El artículo 7º del mismo capítulo II, disponía que se apreciarían como circunstancias agravantes imputables al inculpado haber obtenido en la masonería alguno de los grados dieciocho al treinta y tres, ambos inclusive, y “haber tomado parte en las Asambleas de la Asociación Masónica Internacional y similares o en las Asambleas Nacionales del Gran Oriente Español, de la Gran Logia Española o de otras cualesquiera organizaciones masónicas residentes en España”.

Al terminar la contienda y en aplicación de esta Ley, la población reclusa en la España nacional ascendía a más de cien mil personas “sin contar a los prisioneros de las tropas republicanas que se capturaron en los últimos meses del conflicto que debió rondar las cuatrocientas mil personas”.

La LRMC ha sido ampliamente estudiada por Morales Ruiz quien asegura que su publicación en la prensa española se hizo con una "retórica periodística" que, dada su agresividad y virulencia, podría denominarse “retórica represiva”, y desde esa perspectiva analiza:
[…] los elementos ideológicos específicos de carácter totalitario, nazi, fascista, integrista, reaccionario... que configuraron el famoso “contubernio judeo-masónico-comunista”, al que Franco culpaba de “todos los males de España”.

Formalmente la LRMC lleva en sus líneas la misma retórica que se encuentra en los artículos en prensa de J. Boor, con los cuales se encargará de combatir la masonería y también el comunismo, ya que desde su parte expositiva se reproducen declaraciones tan absolutas como subjetivas, que resultan difícilmente aceptables. Con una afirmación respecto a la escasa efectividad de las órdenes y disposiciones legales previas que habían resultado ineficaces “por su vaguedad al enunciar el delito o por circunscribirse a un determinado sector” lo que no impidió detener las “maquinaciones” de los enemigos de la Patria, se propone esta Ley para “determinar la calificación jurídica y sanciones que merecen los que todavía secundan la masonería o el comunismo y demás sociedades secretas y organizaciones contrarias al orden social”, reiterando la retórica heroica y patriótica que encierra en sus fundamentos, al expresar:
Con ello se pone un valladar más firme a los últimos estertores de las fuerzas secretas extranjeras en nuestra Patria y se inicia la condenación social de las organizaciones más perniciosas para la unidad, grandeza y libertad de España.

A lo largo de catorce artículos se define la figura que constituye el delito, desgranando los castigos, las prohibiciones, las confiscaciones e incautaciones que éste lleva implícito. La norma, que prevé la creación del Tribunal Especial de Represión de la Masonería, será ampliada por instrumentos normativos como el Decreto de 18 de septiembre de 1942, por el que se aumentan los servicios dependientes del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo en un Juzgado de Comunismo y una Sección de Ejecutorias. Se hacía necesario “aumentar los organismos que componen el mismo, dotándoles de personal y material suficiente para el desarrollo de la nueva actividad”, disponiendo la creación de un Juzgado de Comunismo y una Sección de Ejecutorias.

La Ley para la seguridad del Estado, de 29 de marzo de 1941, será otro instrumento represivo que legisla en diversidad de aspectos como la seguridad del propio Estado y su máximo representante, pero también sobre la posible existencia de asociaciones o grupos constituidos que llevasen a cabo algún tipo de subversión violenta o que contemplasen la “destrucción de la organización política, social económica o jurídica del Estado”, se revelasen secretos políticos y militares, en forma de circulación de noticias y rumores perjudiciales a la seguridad del Estado y ultrajes a la Nación, etc.

Con la Ley 154/1963, de 2 de diciembre, sobre creación del Juzgado y Tribunales de Orden Público que se encargará de todo aquello que pudiera “subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional”, y posteriormente el Decreto 248/1964, de 8 de febrero, por el que se dan normas para la liquidación del Tribunal creado por Ley de 1 de marzo de 1940 y se establece una Comisión para el cumplimiento de la disposición transitoria tercera de la Ley 154/1963, se da por finiquitada la vigencia y efectividad de la LRMC.

A lo largo de las casi cuatro décadas que se mantiene el régimen dictatorial de Francisco Franco en España, se observan algunos cambios como advierte Tusell, quien considera que la magnitud de la represión ejercida a lo largo de ese tiempo, ha de interpretarse desde el punto de vista de su origen, es decir, un enfrentamiento bélico de guerra civil, de cuyo final sale vencedor el bando franquista, si bien, considera equivocado centrarse en exclusiva en los momentos iniciales de la dictadura, por cuanto que con posterioridad se observará un cambio.

Esta entrada continuará en una tercera parte.