Extracto del artículo publicado por Javier Domínguez Arribas en el volumen LXVI, nº 224, de la Revista Hispania (Revista Española de Historia). Ver artículo completo
© Javier Domínguez Arribas e HISPANIA.
El artículo trata sobre el uso que se hizo durante el primer franquismo, en el seno de la coalición que había ganado la guerra civil, de la identificación del adversario con la masonería. En una primera parte se analiza el contenido, la intencionalidad y el origen de tres falsos documentos masónicos que fueron utilizados para desprestigiar colectivamente a distintas facciones de la coalición franquista. En la segunda parte se estudian los casos de diversas personalidades del régimen que fueron acusadas de tener relación con la masonería. Se presta además una atención especial al caso de Gerardo Salvador Merino.
En octubre de 1941, un alto cargo del régimen franquista fue procesado y condenado por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo. Había sido acusado unos meses antes del delito de masonería, que estaba penado en virtud de la Ley de 1 de marzo de 1940. Aunque su caso fue el que tuvo consecuencias más graves, Gerardo Salvador Merino no fue una excepción. Otras personalidades del bando vencedor en la guerra civil, e incluso facciones enteras del mismo, también fueron puestas en entredicho por la acusación de tener vínculos con la masonería. Sin embargo, los escasos trabajos existentes acerca del antimasonismo de los inicios de la dictadura apenas han prestado atención a esta problemática. Y nos hallamos ante un tema que podría decirnos mucho, no sólo sobre los usos políticos del discurso antimasónico, sino también sobre las propias dinámicas internas de la coalición autoritaria franquista. Por estas razones, parece pertinente estudiar la utilización que se hizo, en el seno del régimen, de la identificación del adversario con la masonería.
La acusación de tener o haber tenido vínculos con la «secta masónica» halló su caldo de cultivo ideal en la primera etapa del régimen de Franco. Terminada la guerra civil, y aun antes, las distintas familias políticas del bando vencedor (falangistas, carlistas, monárquicos, católicos), con sus correspondientes facciones internas, iniciaron una prolongada disputa por imponer su ideario y, sobre todo, por obtener la mejor parte en el reparto de parcelas de poder. En este marco, cualquier procedimiento que permitiera debilitar al adversario político iba a ser puesto en práctica. Y el discurso antimasónico imperante en la zona sublevada desde julio de 1936 proporcionaba a las distintas facciones una herramienta que podía revelarse muy rentable. Según la propaganda oficial, la masonería, junto al judaísmo y al comunismo, era la responsable de todos los males de España y se caracterizaba, entre muchos otros rasgos, por su capacidad para infiltrarse entre sus enemigos. La idea de la infiltración masónica hacía posible la identificación del oponente con la masonería, aunque éste formara parte de la coalición autoritaria franquista. Tal identificación, por ligera que fuese, podía tener consecuencias muy serias en un contexto en el que el discurso antimasónico había venido acompañado por una represión meticulosa de los masones españoles.
Este trabajo se compone de dos partes claramente diferenciadas, en las que se estudiarán dos modalidades distintas de la misma acusación. En la primera, serán analizados varios documentos atribuidos a la masonería que fueron utilizados por distintos grupos de la coalición vencedora de la guerra civil como un arma arrojadiza contra las facciones políticas enemigas que formaban parte de esa misma coalición. En la segunda parte, se estudiarán varios casos de personalidades concretas del régimen que fueron acusadas de tener vínculos con la masonería, y se dedicará una atención especial a Gerardo Salvador Merino.
El primer supuesto documento masónico que va a ser analizado es el «Mensaje del Gran Oriente Español a la Asociación Masónica Internacional», fechado en París el 10 de marzo de 1939. Veamos su contenido con detalle. En la primera mitad del texto se afirma que, a pesar de las medidas represivas aprobadas por el nuevo régimen, «se nos presenta consolador el porvenir masónico de estos Valles». Las gestiones de los «hermanos» en los círculos del poder habrían permitido atenuar la persecución antimasónica, lo que se intenta demostrar mediante la reproducción de cuatro documentos oficiales relativos a la represión de la masonería. En la segunda mitad del apócrifo se informa a la Asociación Masónica Internacional (AMI) de los pasos dados por el Gran Oriente para cumplir las órdenes de aquélla y lograr una infiltración generalizada en el nuevo Estado franquista, y muy particularmente en Falange Española Tradicionalista y de las JONS, con el objeto de convertirla en un organismo «al servicio de la Masonería [...] mediante la ocupación de puestos dirigentes». Entre las medidas mencionadas por el texto tendentes a favorecer dicha infiltración, cabe citar las siguientes: la falsificación de documentos oficiales, el acatamiento aparente del «llamado Movimiento Nacional», la creación de una red de logias racistas y «la publicación de artículos y folletos de orientación izquierdista pero entusiásticamente falangista». La infiltración sistemática se habría producido ya en distintos organismos y cuerpos del nuevo régimen, tales como el Sindicato Español Universitario (SEU), el Servicio Español del Magisterio, las Organizaciones Juveniles, «el personal especializado que procede a la clasificación de documentos y a censura de correo» o los cuerpos de funcionarios «militares, judiciales, docentes y bibliotecarios». Otras acciones llevadas a
cabo por el Gran Oriente iban dirigidas a unir a los enemigos de Franco, a «fomentar el descontento» o a «exasperar a los “requetés” mediante la sugerencia de restauración liberal proyectada por el Caudillo y patrocinada por el Ministro de la Gobernación “Serrano Suñer”».
El «Mensaje del Gran Oriente» circuló en distintas esferas del nuevo poder franquista durante buena parte de 1939. Su difusión comenzó probablemente en torno al final de la guerra civil y, en todo caso, no antes de la fecha que aparecía en el documento (10 de marzo de 1939), como es lógico. Una copia del texto llegó a manos de Franco; otras fueron repartidas entre los ministros y diversas autoridades. La Delegación del Estado para Recuperación de Documentos, organismo encargado de clasificar la documentación masónica, también recibió un ejemplar. Es decir, el texto fue copiado una y otra vez a lo largo de varios meses, lo que explica la existencia de diferencias entre unas versiones y otras. Así, la copia que se conserva en el archivo de Franco parece ser más fiel al desconocido original que la del servicio de Recuperación de Documentos, pues tiene menos incoherencias y alguna precisión más. Pero la única diferencia significativa entre estas dos versiones es que en la segunda han desaparecido todas las alusiones a la infiltración masónica en los medios docentes y bibliotecarios, dos cuerpos dependientes del Ministerio de Educación Nacional. Quizá sea una coincidencia; quizá un olvido intencionado destinado a no manchar la reputación de un ministerio que hasta abril de 1939 había sido dirigido por un personaje —Pedro Sainz Rodríguez— que durante mucho tiempo fue víctima de rumores que le relacionaban con la masonería.
Una versión resumida del «Mensaje del Gran Oriente» circuló durante el verano de 1939, al menos en Barcelona y Baleares. En ella sólo eran reproducidos los párrafos que aludían a la infiltración masónica en la Falange y en los organismos que dependían de ésta. Otra versión muy similar del texto alcanzó probablemente una difusión algo mayor, pues circuló en forma de hoja volandera, esta vez impresa, durante el otoño de 1939. El pasquín reproducía la versión corta que acabo de mencionar, centrada en la infiltración de la masonería en Falange, y terminaba con un llamamiento dirigido a los españoles: «¡Guerra a la masonería, donde esté! En la Universidad, en las fábricas, en las oficinas y en los más altos puestos, se ha de dar virilmente por todos los buenos españoles, este grito: ¡MUERA LA MASONERÍA!». El informe que acerca de este asunto envió el Delegado Nacional de Información e Investigación de FET —a la sazón José Finat— al Secretario General de la organización nos permite reconstruir el origen, la difusión y la intencionalidad de esta hoja volante en particular, pero también del «Mensaje del Gran Oriente» en general. El pasquín impreso fue distribuido al menos en Sevilla y su provincia durante octubre de 1939. Y no es ninguna sorpresa que todos los implicados en la difusión de la hoja tuvieran alguna relación con la oficialmente extinguida Comunión Tradicionalista. Según el citado informe, estaban involucradas en el asunto las siguientes personas: un miembro de la Comunión, el antiguo conserje del Círculo Tradicionalista, el director del Museo del Requeté de Sevilla, un maestro carlista y un dominico canario vinculado al requeté y a la Junta Carlista de Guerra. Aunque uno de los implicados declaró que había recibido las hojas en un paquete procedente de Bilbao, los investigadores de FET sospechaban que éstas habían sido impresas en Sevilla.
No hay duda, pues, de que los carlistas estaban detrás de la elaboración y distribución de esta hoja clandestina, y es más que probable que fueran también los responsables de la fabricación del documento original en que se basaba ésta, es decir, el «Mensaje del Gran Oriente». En cualquier caso, habían contribuido a su difusión inicial en círculos restringidos, como ya indicaba el informe de Finat al referirse a una copia de la primera versión del apócrifo:
Luego ha resultado que la misma llegó a Pedro Gamero por conducto de una persona allegada a un significado elemento tradicionalista de la fracción [sic] disidente de FAL CONDE, que poseía el documento o copia del mismo y cuya persona había hecho varias copias para enviarlas a distintas personalidades.
En definitiva, si nos preguntamos por el origen del documento, todos los indicios apuntan hacia los carlistas, y en particular —como señala el fragmento citado— hacia los partidarios de Manuel Fal Conde, opuestos a la colaboración con el régimen de Franco. No es casualidad que la hoja mencionada circulara en Sevilla, ya que esta ciudad era el principal núcleo del tradicionalismo no colaboracionista y, además, el lugar de origen de Fal Conde.
La intencionalidad del «Mensaje del Gran Oriente» es clara: el argumento de la infiltración masónica (sobre todo en FET y de las JONS) era empleado en primer lugar para atacar a los falangistas, principales beneficiarios de la unificación de abril de 1937. Recordemos que el documento aludía a la infiltración de la masonería en organismos monopolizados por los falangistas, como el SEU o las Organizaciones Juveniles. El citado informe de la Delegación Nacional de Información e Investigación no erraba al interpretar la intención de los autores de la hoja clandestina de Sevilla, la cual sólo recogía «la parte de aquel mensaje [del Gran Oriente] en lo que se refiere a F.E.T. y de las J.O.N-S.» El informe seguía así:
Como se pude [sic] deducir por lo impreso en la misma, el escoger los párrafos referidos, revela la intención del que la mandó imprimir, no de combatir a la masonería, sino de sembrar la duda sobre la Organiación [sic], propósito que a más de ser delictivo, lo es más teniendo en cuenta que sirve inconscientemente a los fines de la masonería.
Podemos hacer extensible tal interpretación a la versión inicial del «Mensaje del Gran Oriente». Pero con ésta no sólo se pretendía «sembrar la duda» sobre el partido único, sino también sobre el régimen en su conjunto, que no salía muy bien parado en el documento. Es posible incluso que, en su ataque, los presuntos autores falcondistas del «Mensaje del Gran Oriente» no olvidaran a la otra gran facción del tradicionalismo. Así parece indicarlo el hecho de que el escrito mencione la infiltración masónica entre el personal encargado de la «clasificación de documentos», un servicio estatal copado por los carlistas navarros colaboracionistas.
Pero la intencionalidad de un documento como éste sólo adquiere plena coherencia si la consideramos a la luz del contexto en que surgió. El Decreto de Unificación de abril de 1937 había creado un partido único —FET y de las JONS— en el que los falangistas pasaron a ser predominantes, mientras que los carlistas fueron progresivamente postergados. La consiguiente lucha por el reparto de parcelas de poder dio lugar, desde 1937, a continuos incidentes entre las dos facciones, que aumentaron sensiblemente a medida que se aproximaba la victoria de las tropas de Franco. Cuando terminó la guerra, las tensiones entre los dos principales componentes de FET, hasta cierto punto contenidas antes para no perjudicar el esfuerzo bélico, salieron completamente a la superficie. Y el final de la guerra es precisamente el marco en que fue redactado el «Mensaje del Gran Oriente». Había sido concebido, pues, como un arma política antifalangista que expresaba el descontento de los carlistas, y en particular de aquellos más reacios a la unificación.
Otro texto apócrifo atribuido a la masonería son las llamadas «Máximas e instrucciones políticas para todo el Gran Oriente Español y todas las logias de la Masonería Egipciana». Aunque el documento no está datado, probablemente fue elaborado durante la segunda mitad de 1940, como se verá más adelante. Para empezar, conviene exponer un resumen por temas de su extenso contenido. En las setenta instrucciones que componen el texto aparecen, sin orden aparente, cuatro grandes líneas de actuación supuestamente destinadas a los masones españoles, con el objeto de que se adapten a las nuevas circunstancias (tras «el terrible golpe recibido») y preparen la revolución. La infiltración en diversas esferas de poder es quizá la primera de esas consignas: «Se trabajará por los hermanos cerca del Jefe de Gobierno, para que los Ministerios y principales empleos de la Nación, recaigan en personas de nuestra orden». Si ello no se logra, se procurará que accedan a esos cargos personas «de poco talento» que
puedan ser manipuladas fácilmente desde puestos subalternos. En el caso del Ejército, la infiltración es ya una realidad —según el documento— que debe profundizarse mediante la incorporación de izquierdistas a sus filas, para lograr así «su inutilidad para la causa contraria». La Iglesia, en todos sus niveles, es otro objetivo de la infiltración masónica. Si no se consiguiera situar a adeptos en las jerarquías, sería conveniente al menos que éstas fueran ocupadas por personas incompetentes que por sí mismas desprestigien la institución. Otro ámbito preferente de intervención masónica —ya sea ésta directa o indirecta— es la administración de justicia. El objetivo, en este caso, es obtener la impunidad de los masones. Tal infiltración generalizada facilitaría el cumplimiento de una segunda directriz que también se repite a lo largo de todas las «Máximas»: la promoción del descontento, de la división y del descrédito del Gobierno. Los masones «se dedicarán a encender las pasiones de los partidos con constancia, y cauetela, [sic] contrariar a los gobiernos, desconceptuarlos y propagar noticias o rumores, que engrián o abatan, según convenga». En tercer lugar, la Falange es presentada como el principal enemigo de la masonería. Debe ser por ello combatida por todos los medios, hasta neutralizar su acción y lograr que sea disuelta. La máxima 44 resume estas consideraciones al aludir al futuro cumplimiento de los planes masónicos:
como sólo podría impedirlo la labor eficaz de la falange, nuestro principal estudio ha de ser el combatirla calumniándola desacreditándola, y aun exponiéndola con arte a que cometa excesos que la hagan odiosa, a fin de que el Jefe le ponga un reglamento que la arruine y acabe por ser disuelta, y vencidos sus partidarios.
En suma, «se ha de dirigir el ataque más fuerte y empeñado contra los falangistas». Finalmente, se dan una serie de instrucciones para utilizar al «favorito del Jefe» como juguete inconsciente de las logias.
No es posible afirmar con precisión cuándo fueron elaboradas estas «Máximas». En cualquier caso, fue después del inicio de la segunda guerra mundial, ya que el texto alude a «los países invadidos por el fascismo», y antes de enero de 1941, fecha en la que varios escritos oficiales aluden al apócrifo por primera vez. Lo más probable es que el documento iniciara su andadura durante la segunda mitad de 1940. Es seguro que a finales de este año ya circulaba en ámbitos restringidos, pues fue cuando el servicio de Recuperación de Documentos, dirigido por Marcelino de Ulibarri, recibió un primer ejemplar. El 13 de enero de 1941, el ya mencionado José Finat enviaba a Ulibarri un segundo ejemplar de este «escrito apócrifo, de elementos que no están encuadrados dentro de las disciplinas del Nuevo Estado.» Ulibarri le contestó diciendo que ya tenía una copia del mismo, pero que desconocía su procedencia. Semanas más tarde, José Lorente, Subsecretario de la Gobernación, remitía a Recuperación de Documentos otra versión de las «Máximas», que él había recibido a su vez del Director General de Prensa. Lorente sabía que el escrito era «análogo a otros que han circulado por ahí», y preguntaba si era un documento auténtico. La respuesta de Ulibarri fue clara: «no creo en su autenticidad.» Añadía además una interpretación de las «Máximas» no muy diferente de la que he propuesto más arriba para el «Mensaje del Gran Oriente»: «no me cabe duda que los autores de este escrito como de otros análogos que hace tiempo circularon son gente desocupada y de no buena
intención, cuyo fin no es otro que sembrar el confusionismo». Finalmente, en julio de 1942, el Tribunal para la Represión de la Masonería remitía a Ulibarri otro ejemplar del documento apócrifo. Curiosamente, el organismo encargado de juzgar a los masones españoles era el único remitente que no cuestionaba la autenticidad del escrito en el oficio que lo acompañaba.
La trayectoria seguida por estas versiones de las «Máximas» que llegaron a Recuperación de Documentos muestra que el texto circuló entre finales de 1940 y 1942, por lo menos en distintas esferas del poder franquista. El dictador, siempre curioso ante los escritos «masónicos», también recibió una copia. Al menos eso parece indicar un informe conservado en su archivo en el que se anunciaba el envío de las «Máximas». Según dicho informe, una joven de la Sección Femenina afirmaría haber descubierto el documento «en la peana de una imagen de Ntra. [sic] Señora, en casa de un señor que ella dice que hace muchos años que es masón. El tal señor se apellida Cortezo, y es médico de la Dirección Gral. [sic] de Sanidad». Otro ejemplar de las «Máximas» probablemente llegó por esas mismas fechas a la embajada alemana en Madrid.
Hubo al menos un intento por sacar el escrito de esos ámbitos reservados en los que había circulado hasta entonces, para darlo a conocer de manera masiva. Durante la primavera de 1941, los servicios de propaganda, que estaban bajo control falangista, prepararon una edición comentada del documento en una colección que ocultaba su origen oficial. Pero en el último momento se decidió sustituir las «Máximas» por otro supuesto texto masónico mucho menos comprometedor, que apareció en un folleto titulado La masonería en acción. Por muy edulcorada que fuese la versión de las «Máximas» que se pensaba publicar inicialmente, la lectura entre líneas que podía hacerse del documento lo hacía poco apto para el consumo público. Varias décadas después, la administración de justicia del final del franquismo todavía parecía conceder algún valor a esta burda falsificación. En una fecha tan tardía como 1970, el Tribunal Supremo remitía una copia de las «Máximas» a la Causa General, la instancia encargada de reunir las pruebas de los delitos cometidos durante «la dominación roja».
Es sorprendente descubrir que las raíces de un documento de trayectoria tan longeva no se encuentran en 1940, fecha en que probablemente se redactó con la forma que he descrito más arriba, sino más de un siglo antes. Y es que las «Máximas» que hemos visto son en realidad un plagio de otro supuesto documento masónico que había circulado en España de manera clandestina entre finales de 1824 y comienzos de 1825. Un resumen de estas «Máximas de 1.º de Setiembre de 1823» había sido recogido en un folleto titulado Españoles: Unión y Alerta, del que se hicieron varias ediciones en 1824. Según las investigaciones llevadas a cabo por la policía fernandina para averiguar el origen de dicha publicación, los responsables de la falsificación eran los canónigos Matías Bravo, Francisco José de Molle y José Salomé García Puente, tres representantes del sector más intransigente del absolutismo. Más de un siglo después, Acción Española realizó una reedición facsímil del folleto, que fue probablemente la que «inspiró» a los falsarios de 1940.
La comparación entre las setenta instrucciones del texto original de 1824 y las también setenta «Máximas» de 1940 puede proporcionarnos una información muy útil acerca de las intenciones de los autores del último documento, por si acaso quedara alguna duda tras la presentación del mismo. En general, los plagiarios se limitaron únicamente a adaptar el texto de principios del siglo XIX al contexto del primer franquismo. Para ello se eliminaron los pasajes que podrían resultar anacrónicos, como los referidos a la Santa Alianza o al periódico El Restaurador. También desaparecen, como es lógico, las alusiones a la monarquía absoluta y al rey, quien se convierte sistemáticamente en «el Jefe», mientras que «los realistas» pasan a ser «los falangistas». Sin embargo, en las «Máximas» de 1940 hay además frases y expresiones que no estaban en el texto original y que tampoco parecen dictadas por la necesaria adaptación al nuevo contexto histórico. Estos pasajes revelan, a mi juicio, la intencionalidad esencial subyacente al documento. Así, entre las escasas máximas de 1940 que no retoman los contenidos de las correspondientes instrucciones de 1824, prácticamente todas dan la consigna de perjudicar a los falangistas y de fomentar su división. En la máxima cuatro, por ejemplo, se ordena evitar «que estos últimos [los falangistas] tengan armas en su poder y a los que por su mérito o talento consignan [sic] algún puesto, se les dará contrario a sus cualidades y condiciones, con objeto de que fracasen procurando que muchos falangistas formen grupitos irreconciliables». A excepción de la última palabra, nada similar aparecía en la máxima correspondiente de Españoles: Unión y Alerta. Otras
novedades del documento de 1940 parecen subrayar la idea de la infiltración masónica en la administración de justicia. Así, la ocupación por parte de los «hermanos» de «los ministerios y puestos principales de la nación» se convierte en 1940 en la de «los ministerios y puestos principales de la justicia». Precisamente, la titularidad de este ministerio estuvo durante estos años en manos de tradicionalistas como el conde de Rodezno o Esteban Bilbao. Finalmente, un último añadido significativo aludía a la propaganda que los masones debían realizar en favor de «la restauración monárquica». No tendría sentido que un texto de la época de Fernando VII mencionara dicha restauración como un posible acontecimiento venidero, pero tampoco parece casual que los falsarios de 1940 decidieran presentar la defensa de la monarquía como una maniobra
masónica. En definitiva, los datos obtenidos a partir de la comparación que acabo de realizar reafirman la impresión resultante de la simple lectura de las «Máximas» de 1940: los autores del documento pretendían sobre todo desacreditar a los adversarios de la Falange en el seno del régimen de Franco. Para ello, no dudaron en recurrir a la siempre útil arma política consistente en identificar con la masonería —de forma más o menos explícita— a todo el que cuestionara a los falangistas, ya fueran instituciones como el Ejército y la Iglesia o familias políticas como los tradicionalistas y los monárquicos.
También era vinculado a las logias —y puesto así en entredicho— «el favorito del Jefe», lo que requiere una explicación suplementaria que nos llevará a los autores de la falsificación. Aunque éstos no habían hecho más que adaptar «el favorito del Rey» que aparecía en el texto de 1824 a las nuevas circunstancias, la figura resultante sólo podía referirse en el contexto de 1940 a Ramón Serrano Súñer. Éste era por lo general considerado como el principal valedor de la Falange en el régimen, pero no todos los falangistas compartían esta opinión. Había también sectores que, insatisfechos ante el nuevo orden de cosas establecido tras la guerra civil, consideraban que el «Cuñadísimo» había traicionado sus expectativas de monopolizar el poder. La elaboración (o mejor dicho, reelaboración) de las «Máximas» se debe sin duda a alguno de estos grupos de falangistas disidentes opuestos a Serrano Súñer. Por tanto, si el «Mensaje del Gran Oriente» era un producto de la disidencia carlista, las
«Máximas» lo eran de la falangista. Es posible que los falsificadores estuvieran vinculados a la «Junta Política» clandestina que se había constituido a fines de 1939, no mucho antes de que fuera redactado el apócrifo (segunda mitad de 1940). Precisamente, esta organización ilegal consideró por esas mismas fechas la posibilidad de asesinar al que las «Máximas» presentaban como el «favorito del Jefe».
Entre las muchas copias del documento puestas en circulación por esos falangistas disidentes, he localizado siete. Pero no todas son iguales. Como es lógico, la difusión de un escrito no impreso durante un periodo prolongado de tiempo favoreció la degradación progresiva del texto original. Así, son frecuentes las faltas de ortografía, las erratas, reproducidas después por el siguiente copista, y algunas modificaciones en la redacción, por lo general anodinas. Sin embargo, la comparación minuciosa de todos los ejemplares permite también apreciar diferencias más significativas que no pueden ser el resultado del simple descuido del mecanógrafo. Tres ejemplares —de los siete consultados— son muy parecidos entre sí y ligeramente más fieles al folleto plagiado de 1824, lo que indica que, si no son anteriores, al menos proceden de una versión anterior
a la que inspiró los cuatro restantes. Estas cuatro copias que provienen de un foco posterior no tienen muchas diferencias entre sí y se distinguen por llevar todas una nota final firmada con el pseudónimo «Juan de Dios España», ausente en los otros tres ejemplares.
Vemos, pues, la existencia de dos grupos distintos de copias de las «Máximas». La explicación es sencilla: los cuatro ejemplares que creo posteriores —firmados todos con el citado pseudónimo— son el resultado de la introducción intencionada y paulatina en el texto de una serie de modificaciones tendentes a moderar su contenido implícito de carácter falangista radical. Esta acción, que se llevó a cabo desde fechas muy tempranas y por personas perfectamente conscientes del origen apócrifo de las «Máximas», no cambió el sentido general del documento, pero matizó sobre todo —lo que es significativo— la forma en que era presentada la vinculación de la masonería con varios sectores del régimen de Franco. La afirmación «atacaremos principalmente a los fascistas» se convierte en una de las últimas versiones en «atraeremos principalmente a los fascistas», lo que podría ser una errata, si no fuera porque no es el único cambio en este sentido. La supuesta consigna original que ordenaba que «ingresen en falange [sic] si no nuestros adictos», al menos «jóvenes sin principios» pasa a ser la de que «ingresen en Falange nuestros adictos, [...] como también gentes jóvenes y sin principios». Gracias a estas sencillas modificaciones, las sospechas de infiltración masónica se extendían también a la Falange. Además, una acusación anticlerical muy grave presente en las tres primeras versiones desaparece en las cuatro últimas: los religiosos «conocidos con el nombre de Jesuitas, íntimos amigos nuestros [es decir, de los masones] y enemigos de los católicos y falangistas» se convierten en los mucho más anodinos «Jansenistas, que son amigos nuestros y no de católicos y falangistas». Por último, la nota explicativa final presente en dos de los tres ejemplares que parecen anteriores no pierde la ocasión de atacar a los enemigos políticos de los falangistas, mediante la consabida vinculación con la masonería. Dicha nota precisa que las «Máximas» fueron encontradas «en el despacho de un médico de mucho nombre y que está bien situado en el campo llamado de derechas». Mientras tanto, la nota final de las otras cuatro copias —firmada por Juan de Dios España— se limita a afirmar que el escrito fue hallado «en casa de un importante masón», sin precisar la filiación política, y además termina haciendo un llamamiento a la unidad frente a la masonería: «Pensad en Dios y en España y venciendo todas las ambiciones y las pasiones, unámonos con fraternidad divina para vencer la confraternidad masónica».
En suma, las modificaciones introducidas por las sucesivas manos que copiaron el documento transformaron, por ligeramente que fuese, la intencionalidad original con que había sido concebido. Sectores muy diferentes de los que habían puesto en circulación las «Máximas» pudieron intervenir hasta cierto punto en su reelaboración, jugando siempre con el arma arrojadiza que les proporcionaba el discurso antimasónico del franquismo, pero adaptándola a sus propias necesidades, ya fuera neutralizándola o dirigiéndola contra sus propios adversarios. En cierta manera, la falsificación escapó del control de sus propagadores, al igual que un rumor, como si hubiera adquirido vida propia.
Esta entrada continuará en una segunda parte.
