Continuación del extracto del artículo publicado por Javier Domínguez Arribas en el volumen LXVI, nº 224, de la Revista Hispania (Revista Española de Historia). Ver artículo completo
© Javier Domínguez Arribas e HISPANIA.
Hemos visto hasta aquí cómo varios sectores del bando vencedor en la guerra civil utilizaron distintos documentos atribuidos a la masonería para desacreditar de manera colectiva a las facciones enemigas que formaban parte de la coalición autoritaria franquista. Pero no fue ésta la única modalidad en el uso del discurso antimasónico como arma política. También era posible afinar más el ataque y dirigirlo específicamente contra personalidades concretas de esas familias políticas enemigas.
Uno de los personajes de más alto nivel que se vio afectado por rumores que le vinculaban a la masonería —sobre todo al final de la guerra civil— fue el jurista Blas Pérez González, que luego iba a ser Ministro de la Gobernación desde septiembre de 1942. Un dictamen suyo de 1939 en contra de un proyecto de ley de represión de la masonería, unido a los contactos que había mantenido en el pasado con personalidades republicanas, le valieron a Pérez González la fama de ser protector y amigo de masones. Se buscaron entonces con tesón —y sin éxito— las pruebas de su pertenencia a la «secta», hasta el punto de que el propio obispo de Santa Cruz de Tenerife tuvo que salir en su defensa ante Franco para contrarrestar los rumores. Éstos finalmente no influyeron en el dictador, pues en 1942 nombró al jurista Ministro de la Gobernación y le conservó en el cargo hasta 1957.
El caso que afectó a otro miembro de un gobierno de Franco fue diferente. El monárquico Pedro Sainz Rodríguez, primer Ministro de Educación Nacional del régimen, también fue objeto de persistentes rumores que le relacionaban con la masonería. Sin embargo, no tengo constancia de que tal acusación fuera utilizada por sus enemigos políticos durante el periodo en que desempeñó la cartera de educación, entre enero de 1938 y abril de 1939, ni tampoco antes de su separación definitiva del régimen en 1942. Parece que fue sólo a partir de entonces cuando la supuesta pertenencia a la masonería del político monárquico se convirtió en un argumento para desacreditarle; es decir, una vez que ya no formaba parte de la coalición autoritaria franquista. La persistencia de los rumores se explica porque Franco estaba convencido de que Sainz Rodríguez era masón, lo que quizá ya influyó en el precipitado cese de éste como ministro en abril de 1939. La creencia del dictador sólo podía basarse, según el propio afectado, en dos hechos: la supuesta participación de masones en un homenaje que había recibido en 1924; y su oposición en el Consejo de Ministros a la aprobación de una medida legislativa contra la masonería —rechazada también por Blas Pérez— por juzgarla inoportuna. Lo que quizá no sabía Sainz Rodríguez es que también le relacionaba con la sociedad secreta al menos una carta llegada a Franco a través de la red de información que le proporcionó varios supuestos escritos masónicos. En todo caso, las acusaciones contra el que fue consejero de don Juan e impenitente conspirador monárquico permitían desacreditar a la opción política que representaba y al pretendiente que defendía.
Algo parecido ocurrió con el general Antonio Aranda. Aunque él no era monárquico de principios, intrigó durante la segunda guerra mundial en favor de la opción juanista, al igual que Sainz Rodríguez, y también se rumoreaba de él que había sido masón. En su caso, las sospechas tenían cierto fundamento, pues durante la Segunda República el militar había solicitado su admisión —sin lograrla— en la logia
Concordia de Madrid. La documentación procedente de los servicios de Recuperación de Documentos sugiere que existió un gran interés por demostrar de manera efectiva la antigua pertenencia masónica de Aranda, ya que su probada solicitud de ingreso, según Ulibarri, era delictiva únicamente en el «orden interno o espiritual», y no en el procesal. En cualquier caso, el 30 de noviembre de 1942, el héroe del cerco de Oviedo era destituido como Director de la Escuela Superior del Ejército. Su relación con la masonería sin duda contribuyó al cese y al posterior pase a la reserva —en 1949— del que se
había convertido en un peligroso conspirador en contacto con Gran Bretaña.
Aranda y Sainz Rodríguez no fueron los únicos partidarios de la monarquía acusados de tener alguna relación con la «secta masónica». En este mismo sentido, Juan Ignacio Luca de Tena y dos periódicos a él vinculados (ABC y El Diario Vasco) fueron puestos en cuestión en varias ocasiones por Ernesto Giménez Caballero durante la segunda mitad de 1938. La acusación de estar inconscientemente al servicio de la masonería se produjo en medio de una polémica en la que el componente personal y profesional quizá fuera más importante que el meramente político. Giménez Caballero afirmaba haber sido excluido de ABCpor un «achuchón masónico». «No es que A.B.C. sea masón. Pero tiene una gran zona de operaciones para los elegantes y aristocráticos masones de la City», afirmaba el escritor en noviembre de 1938. Acusaciones similares afectaron, aunque fuese principalmente después del periodo que nos interesa, a otras personalidades monárquicas como Julio López Oliván, el duque de Alba, Alfonso de Orleáns o el propio Juan de Borbón.
La imputación que nos ocupa también fue utilizada contra algunas personalidades falangistas. En marzo de 1942, el jesuita Enrique Herrera Oria afirmaba en la revista católica Atenas—bajo el pseudónimo de «Hispanicus»— que los objetivos en materia educativa del jerarca del Frente de Juventudes Julián Pemartín coincidían con los de la masonería. La acusación se inscribía en el marco de una polémica acerca del creciente papel docente previsto para la organización juvenil falangista, lo que era considerado por los sectores católicos como una amenaza a la autonomía educativa de la Iglesia.
Esta entrada continuará en una cuarta parte.
