Extracto del artículo publicado por Juan Ortiz Villalba, catedrático de Geografía e Historia del IES Fernando de Herrera de Sevilla, en el número 16 de la revista Andalucía en la Historia, de abril de 2007.
El poder ha acusado de modo reiterado a los masones de sus desgracias
Hostigados, vigilados, masacrados y, por chiripa, librados de la pena de muerte. Los masones han sido el chivo expiatorio, la causa de todos los males mayores que han aquejado a España durante el siglo XX, desde el desastre colonial a la corrupción de la idea y unidad de España defendida a capa y espada por el franquismo. No por menos cabe afirmar que la masonería, en España, ha estado en manos de un tribunal inquisitorial que ha operado ‘de facto’ cada vez que el poder lo ha estimado oportuno. Y los golpes han sido tantos que hoy sigue diezmada.
De 1888 a 1898, en pleno régimen de la Restauración, la masonería vivió en España su década de máxima expansión. Mucho tuvieron que ver con
esto las reformas y expectativas de democratización levantadas por los gobiernos liberales, presididos en distintas etapas de este periodo por Práxedes Mateo Sagasta, quien, en los años precedentes, había sido gran maestre del Gran Oriente de España (GOE). La evolución de la monarquía alfonsina se plasmó, entre otras medidas, en la Ley de Asociaciones de 1887, y la implantación del sufragio universal masculino alrededor de 1891.
Pero el atraso económico del país y la naturaleza oligárquica del régimen propiciaron la perversión el sufragio universal a través del caciquismo. A la larga, entre éste y el militarismo autoritario, forjado tras el desastre de 1898, frustraron las posibilidades de evolución de la monarquía, y en España democracia fue sinónimo de república. Paladines de ésta serían casi todos los grandes maestres del Gran Oriente Español, obediencia relativamente unificadora fundada en 1888 por el catedrático de la Universidad Central Miguel Morayta, él mismo diputado republicano en varias ocasiones.
Chivo expiatorio del desastre
A pesar de la relativa evolución del régimen de la Restauración y de la notable expansión alcanzada en sus primeras décadas por la masonería, ésta vivía amparada por una vaga tolerancia más que dentro de la plena y diáfana legalidad. Buena prueba de ello sería lo ocurrido en torno al desastre colonial de 1898. La caverna católica y nacionalista creyó o fingió creer que la masonería, a la que pertenecían algunos adalides de la independencia de Cuba y Filipinas, constituía una de las principales causas, si no la principal, de la pérdida de las colonias. Sobre todo, se culpaba a la masonería de lo ocurrido en Filipinas, donde actuó una misteriosa sociedad secreta independentista llamada Katipunan.
La agresividad y potencia de los EEUU, la debilidad económica y militar de España y la inconsecuencia de sus sucesivos gobiernos, que después del Convenio de Zanjón de 1878, en que se prometía la autonomía a Cuba, no habían hecho sino escamotearla, eran explicaciones racionales que no interesaban a los enemigos de la masonería. En 1896, iniciada la guerra en Filipinas, la policía practicó registros y detenciones entre los dirigentes del GOE, cuyo gran maestre se refugió en Francia por unos años, mientras los masones eran hostigados por doquier, acusados de antipatriotas y traidores.
La masonería desapareció de provincias enteras como la de Córdoba, en la que durante las tres décadas anteriores se habían erigido más de veinte talleres. Aún varios años después de disueltos éstos, un tal Miguel Pérez, redactor de la revista tradicionalista local La Bandera Española, publicó en Córdoba una Revista Antimasónicasimilar a tantas otras que circularon durante los años finiseculares. El tema de la pérdida de Filipinas lo despachaba así: “
Un padre de la Compañía de Jesús señaló a los masones como culpables de la pérdida del archipiélago filipino. Tal inculpación —probada hasta la evidencia, pero no castigados los traidores por la complacencia de un gobierno timorato, que si no ciñe el mandil le anda raspando— hizo salir de sus casillas a los masones de Vinaroz (…). Mejor que nosotros sabe el lector quiénes son los autores de las desgracias patrias, quiénes los inspiradores y sostenedores del tenebroso Katipunan y quiénes los convictos y casi confesos del crimen de alta traición. Son los masones, público y notorio es”.
Pero el hilo conductor de la Revista Antimasónica era el supuesto satanismo de la orden madre del liberalismo, el socialismo y el anarquismo. La masonería sería, pues, “
la síntesis y apoteosis de todos los errores y maldades que se registran en el mundo”. A la vista de tan burda línea editorial, cabe preguntarse si los sectores católicos reaccionarios no aprovecharon con todo cinismo la pérdida de las colonias para reforzar el flanco patriotero de su redoblada campaña contra la masonería. De todas maneras, aquélla produjo un efecto devastador: más de 220 logias abatieron columnas y al GOE sólo le quedaron 26 en pie, 14 en España y 12 en el extranjero.
Efímero auge
Durante la primera década del siglo XX, el GOE apenas empezó a recuperarse del tremendo abatimiento finisecular, pues de 73 logias levantadas bajo sus auspicios entre 1900 y 1910, sólo 14, o sea el 19%, lo fueron en España; erigiéndose las otras 56, es decir el 81%, en el extranjero. Algo cambió esta relación en la década siguiente, pues de las 187 logias fundadas entre 1901 y 1922, hasta 56, o sea el 33%, lo fueron en el interior de España, mientras que 187, es decir el 67%, levantaron columnas en el extranjero. EEUU, Filipinas, Argentina y Marruecos serían los
países que registraron una mayor implantación del GOE después de España; y en ésta, las regiones de mayor extensión de la masonería fueron Andalucía, Cataluña y Madrid.
De 1922 a 1936, la masonería española vivió de nuevo una etapa de relativo esplendor, en el origen del cual estaría la creación por el GOE, en 1923, de las Grandes Logias Regionales, en cuya organización destacaron poderosas personalidades como la del líder republicano radical Diego Martínez Barrio, al frente de la del Mediodía con sede en Sevilla. Por otra parte, durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), las logias se convirtieron en lugar de encuentro de numerosos cuadros republicanos, socialistas y cenetistas, sometidos al forzoso ostracismo político y sindical.
Pero, acá y acullá, las autoridades de la dictadura encarcelaron y procesaron a grupos de masones, sobre todo cuando menudearon las conspiraciones y pronunciamientos contra Primo de Rivera en los últimos años de su mandato. Hostigado en Madrid, el GOE trasladó en 1926 su sede a Sevilla, siendo gran maestre el catedrático de Derecho Demófilo de Buen, del partido reformista de Melquíades Álvarez.
Tras la caída de la dictadura en 1930 y la proclamación de la República en 1931, la masonería vive un periodo de euforia en el que muchos creen llegada la hora de la revancha. Así, la logia Ruiz Zorrilla de Barcelona propone en 1931 a las Constituyentes que la Constitución en ciernes recoja no sólo la más absoluta libertad religiosa, la separación de la Iglesia y el Estado, el matrimonio civil, la secularización de los cementerios y el divorcio, sino también la prohibición a los sacerdotes del ejercicio de la enseñanza y la disolución de todas las órdenes religiosas. Un programa maximalista compartido en las Cortes por una extensa bancada de diputados.
Hasta que Manuel Azaña, en un famoso discurso parlamentario, defendió la disolución sólo de la Compañía de Jesús y la prohibición al resto de las órdenes religiosas del ejercicio del comercio, la industria y la enseñanza. Los colegios religiosos no se cerrarían sino a medida que la República desarrollara su ambicioso programa de creación de escuelas e institutos. No obstante, la aprobación de los artículos anticlericales de la Constitución provocó la dimisión de los católicos Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura como jefe y ministro de la Gobernación, respectivamente, del Gobierno Provisional de la República.
Manuel Azaña se convertiría, como nuevo jefe del Gobierno y ministro de la Guerra, que ya era, en el hombre fuerte del régimen. Pero su política reformista en alianza con el PSOE, de octubre de 1931 a septiembre de 1933, le atrajo el odio africano de las extremas derechas españolas, tan extendidas como variopintas, pero con el catolicismo más retestinado como denominador común. La frase “España ha dejado de ser católica”, pronunciada en aquel famoso discurso como una mera constatación de la evolución cultural del país, fue manipulada hasta la saciedad en una continua campaña de desprestigio contra Azaña.
Para mayor escándalo de la caverna, a los pocos meses, el jefe del Gobierno se iniciaba en una logia de Madrid. Ministros como los radical-socialistas Domingo y Albornoz y el socialista De los Ríos fueron masones, pero Martínez Barrio, líder de la oposición parlamentaria como portavoz de los republicanos radicales, acababa de ser elegido nada menos que gran maestre del GOE en sustitución de Demófilo de Buen, nombrado consejero de Estado y presidente de la comisión incautadora de los bienes de los jesuitas.
Masón era también, aunque durmiente, el olímpico caudillo radical Alejandro Lerroux, que entre 1933 y 1935 ocuparía varias veces la jefatura del Gobierno con el apoyo de los partidos republicanos de centro-derecha y de la CEDA del ultraderechista y católico Gil Robles. Mientras esto ocurría en las alturas del régimen, varios cientos, si no miles de masones de los más diversos y a veces antagónicos partidos eran diputados a Cortes o provinciales, alcaldes y concejales. La descalificación de la República como masónica por parte de las poderosas y ultracatólicas extremas derechas era inevitable.
Pero el éxito político de tantos masones no se tradujo en una gran expansión de la orden; antes bien, las filas de ésta se verían raleadas, ya que muchos de aquéllos, dedicados en cuerpo y alma a la política, abandonaron las logias, algunas de las cuales, sacudidas por los enfrentamientos partidistas entre sus miembros, abatirían columnas. Así ocurrió con la logia Turdetania de Córdoba, en la que se reunían cuadros del republicanismo, el socialismo y el andalucismo locales. El durísimo enfrentamiento político entre Eloy Vaquero, líder del Partido Radical lerrouxista, y Joaquín García-Hidalgo, miembro extremista del PSOE, dio al traste con aquel débil taller.
Por otra parte, las furibundas campañas antimasónicas de las extremas derechas arreciaron tanto, sobre todo a partir de las elecciones a Cortes de finales de 1933, que debieron hacer mella en la organización masónica. Al parecer, a partir de entonces descendió algo el número de masones, aunque no tanto el de logias. Difícil resulta cuantificar el número de éstas, dados los vacíos documentales y la frecuente desaparición de talleres, pero digamos que, entre 1900 y 1936, el GOE había contabilizado un total de 293; y, por otra parte, entre la Gran Logia Española, centro masónico de relativa importancia con sede en Barcelona, y varias grandes logias disidentes, rondarían las 60 en 1936. Difícil es también saber el número de masones, que no superaría los 5.000 en los momentos de máxima expansión.
La “cruzada” de Franco
Paradójicamente, algunos de los máximos inspiradores militares y políticos de la sublevación de julio de 1936, furibundos enemigos de la masonería, no tuvieron inconveniente en poner al frente de la Junta de Defensa Nacional de Burgos al general Miguel Cabanellas, miembro de la logia Condorcet de Madrid. Cabe preguntarse, por un lado, si el antimasonismo de aquéllos no era más que cínico oportunismo político; y por otro, si el que Azaña calificaba en 1932 el “oscuro y tapado” general Cabanellas, iniciado el mismo año que aquél en la masonería, no buscaba en ésta sino medrar mejor con el nuevo régimen.
Bajo su presidencia tomó la Junta medidas contra las asociaciones “apolíticas” afectas el Frente Popular. Pero fue el halcón Franco quien actuó más drásticamente al decretar, en calidad de comandante militar de Canarias, que las actividades masónicas serían consideradas “crimen de rebelión” y ordenar la destrucción de los escritos de la masonería y la incautación de sus inmuebles. Una vez designado Franco Generalísimo y jefe del Gobierno, en Melilla se abrieron sendas causas generales contra los masones militares y civiles del Protectorado. Estos últimos fueron internados en el campo de concentración de Zeluán y sometidos a consejo de guerra, acusados del delito de rebelión. Por otra parte, a propuesta del militar tradicionalista Marcelino Ulibarri, Franco creó el famoso Archivo de Salamanca, donde bajo la dirección de aquél empezó a concentrarse la ingente documentación requisada en las logias.
Terminada la guerra, la llamada Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, que no era sino un decreto personal del Caudillo, establecía el tribunal del mismo nombre, que condenaría a penas de cárcel que podían llegar hasta los treinta años y un día, amén de la inhabilitación para el
ejercicio de la función pública e incluso la dirección de empresas privadas, a cientos de masones. Sólo la oposición de dos ministros monárquicos y del nuncio de Su Santidad pudo evitar que Franco decretase la pena de muerte por “delito de masonería”, como deseaba ardientemente. Durante la guerra, cientos de masones habían sido fusilados por el bando nacional como represalia por su significación política o sindical, pero en ocasiones la condición de masón resultó letal.
En 1945, sintetizando toda la rancia tradición antimasónica de la caverna, Franco decía: “
Hemos desarraigado la masonería, que quizá fuera la yerba más peligrosa de todas las existentes en nuestro solar (…) era la lucha sorda, la maquinación satánica, el trabajar en la sombra, los centros y los clubs desde los cuales se dictaban consignas; los hombres más perversos de España asociados y vendidos par ejecutar el mal al servicio de la anti-España (…) Por eso, desde el primer día de nuestra Cruzada, tomamos por norte destruir en España la planta parásita
de la Masonería”.
Los militares masones, aunque hubiesen luchado de su lado, fueron apartados del Ejército por quien, según algunos, en 1926 y 1932 había solicitado el ingreso en la masonería, siendo rechazado en ambas ocasiones por la férrea oposición de otros militares pertenecientes a la orden. No es cosa probada, pero la animosidad de Franco hacia los masones y especialmente contra los militares parece concordar con estas afirmaciones.
